A- de 2025

Conflicto aparente de jurisdicciones suscitado entre la Comunidad y el Juzgado, por la solicitud de una medida de protección por parte de una ciudadana, en representación suya y de su hija menor, por la presunta ocurrencia del delito de violencia intrafamiliar por parte de su compañero sentimental y padre de la menor.

Al analizar los presupuestos de existencia del conflicto de jurisdicciones, la Sala Plena advierte que en el caso bajo estudio no se configuró un conflicto de tal naturaleza, toda vez que no se satisface el presupuesto objetivo, pues no se evidencia la existencia de una causa judicial actual.

Esto, debido a que la sanción derivada del segundo incumplimiento de una medida de protección, consistente en una orden de arresto por 30 días contra el imputado, fue cumplida, según se desprende del informe presentado por la Policía Nacional.

La autoridad indígena solicitaba asumir la competencia únicamente con el propósito de que el cumplimiento de la orden de arresto se efectuara dentro de su comunidad.

Sin embargo, al haberse materializado la ejecución de la medida con anterioridad a la remisión y el reparto del expediente al despacho ponente en la Corte Constitucional, no persiste un objeto jurídico sobre el cual deba recaer un pronunciamiento.

De esta manera, en el asunto bajo examen ya se cumplió con la orden de arresto, por lo que la causa del incidente ya fue resuelta.

La Corte se declara inhibida para decidir el presente asunto.